La tiranía comunista china está bajo escrutinio de la comunidad internacional que se preocupa por los derechos humanos, tras denuncias de violaciones y abusos sexuales en los masivos campos de concentración que el gobierno chino administra.

Genocidio comunista

Ciudadanos chinos de la minoría étnica Uighur que han escapado de campos de concentraciones han denunciado que en los centros de detención que administra Pekín se están llevando a cabo esterilizaciones forzadas, violaciones, torturas y abuso sexual.

La lista de denuncias es amplia e incluye torturas crueles e inusuales y es acompañada con vídeos en los que aparecen cientos de prisioneros encadenados y con los ojos vendados siendo transferidos a Xinjiang en el oeste de China.

Un panel de la Organización de Naciones Unidas determinó que al menos un millón de ciudadnos chinos de la etnia Uighur están detenidos.

El gobierno chino niega la existencia de campos de concentración en su territorio y describe las instalaciones denunciadas como «centros de entrenamiento» para que los detenidos sean reeducados y reinsertados en la sociedad.

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La tiranía de Pekín usurpa de forma ilegal la representación internacional del gobierno chino desde el 25 de octubre de 1971, cuando la Organización de Naciones Unidas reconoció al gobierno de Mao Tse-tung como los representantes de la nación china, enviando al ostracismo político internacional a los representantes de Taiwán.

Hasta ahora se desconoce el paradero de los incontables ciudadanos que son enviados a los campos de concentración chinos por ser considerados «una amenaza» por la mayoría étnica Han que rige los destinos de la nación asiática.