La jefatura del gobierno español ha caído en manos del Foro de Sao Paulo, la tormenta amenaza a Europa.

Como es bien sabido, Pedro Sánchez Pérez-Castejón aceptó pactar la investidura del gobierno español con Podemos y las demás facciones comunistas y separatistas que hoy asaltan al congreso.

Para asegurar los apoyos necesarios, el adalid del PSOE no se ha mesurado en malversar los recursos del Estado. Es por ello, que hoy la diplomacia española protagoniza una temible trama encausada a la protección de los agentes del narco políticamente alineados.

Karen Longaric, canciller de Bolivia, se suma a la voz de Jorge Quiroga. Ambos representantes de la diplomacia boliviana acusan a Pedro Sánchez de intervenir en la política boliviana, al enviar al país americano efectivos del Grupo Espacial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional española, con el propósito de escoltar y facilitar la huída de los secuaces de Evo Morales.

Cristina Borreguero, encargada de negocios del Reino de España en Bolivia, pretendió ingresar esta semana a la embajada de México en Bolivia, acompañada por cuatro agentes del GEO, armados, encapuchados y con documentación falsa. Las autoridades bolivianas impidieron el ingreso de los vehículos a la embajada.

Como es sabido, el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador es de militancia socialista, y es una filial del contubernio comunista contra la hispanidad. Por ello, la embajada de México en Bolivia se convirtió en un refugio para los prófugos de la justicia boliviana.

Precisamente en la residencia diplomática de México en la capital boliviana, se encuentran “exiliados” tres altor perfiles de la narco política socialista.

Allí están apertrechados, Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia de Evo Morales, militar y hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS); Héctor Alce, exministro socialista del interior; y Sergio Martínez Beltrán, arquitecto del fraude electoral. Los tres tienen orden de captura por sus delitos de sedición, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción entre otros.

El plan español, estriba aparentemente en “rescatar” a los criminales socialistas y facilitar su huída hacia algún país de la esfera comunista, como Cuba o Venezuela. Detrás de la conjura, estaría el PSOE y Podemos, siendo el CELAG la tapadera para tales maquinaciones: un centro de estudios en cuya plantilla están Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero.

Para Jorge Quiroga, los chavistas que “Ahora están en el co-Gobierno con Sánchez y ahora están muertos de miedo de que desde Bolivia y Venezuela se denuncie y se desvele la enorme cantidad de dinero que le robaron a nuestros países estos señores a nombre de hacer colonialismo constitucional”.

Por supuesto, la diplomacia interina de Venezuela brilla por su ausencia, o quizá, su silente complicidad. Antonio Ecarri, embajador designado por Juan Guaidó para España es vicepresidente de Acción Democrática, partido socio del chavismo, el PSOE y afiliado a la internacional socialista.

La aventura orquestada por el chavismo español, Podemos, salió cara: la diplomacia boliviana ha solicitado el retido de los diplomáticos españoles.

Pasaportes falsos, agentes especiales, espionaje, narcotráfico. La geopolítica comunista es así.