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Paz en Colombia: la terrible e incómoda verdad

Como si se tratase de un huracán de buenas nuevas, la prensa internacional ha hecho eco de los esfuerzos del gobierno colombiano por tranzar un acuerdo de paz con las FARC-EP, el ejército guerrillero más longevo de la América contemporánea.

Dondequiera que se lea, se pueden encontrar autoproclamados analistas políticos, diputados y cancilleres tildando de “esperanzador”, “ejemplar” y demás adjetivos benignos al resultado de cuatro años de negociación entre Colombia, Cuba y las FARC. Son innumerables los artículos y enunciados que sobre el tema han vertido palabras defensoras de la “paz”, pero como casi siempre en la historia de las naciones, son pocas las voces disidentes que han alzado su voz en contra de tamaña injusticia.

Por ello, en las siguientes líneas expondremos las principales razones por las que el proceso de paz es un parapeto que guarda tras de sí impunidad, lavado de dinero, drogas y comunismo.

Paz sin justicia, el timo de la justicia transicional

La paz en términos generales es el estado de ausencia de acciones de carácter beligerante y discordias violentas. En lo interno, la paz es garantizada por el orden mediante la asignación armónica de deberes y derechos a los miembros del cuerpo social. Desde luego, para que esto sea posible es imprescindible obrar de manera justa, lo que conlleva a darle a cada quién lo que merece.

El acuerdo final, refrendado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las FARC Rodrigo “Timochenko” Londoño, carece de un auténtico espíritu justiciero al pretender transmutar en ciudadanos de bien a los responsables de medio siglo de terrorismo y más de 220.000 muertes.

La justicia implica la noción de castigo para quienes trasgredan el orden social, no solo como elemento punitivo sino también preventivo: asignar penas es ejemplificar el desenlace negativo de quien no cumple con las normas.

El acuerdo final de 297 páginas incluye el concepto abstracto de justicia transicional, cuyo nombre hace referencia a la supuesta transición paulatina que realizaran los miembros de las FARC de guerrilleros a ciudadanos.

La novedad inquietante que presenta este modelo de (in)justicia, es la garantía de que se concederán amnistías e indultos “lo más amplios posibles” para los responsables de rebelión, sedición y sus delitos conexos. De modo que los grandes barones de la droga guerrillera serán absueltos, siendo el narcotráfico un “delito conexo” en que la guerrilla incurrió simplemente (por no ironizar más y decir inocentemente) para financiar su lucha contra el Estado.

El Acuerdo excluye de la amnistía los crímenes de lesa humanidad y de guerra, no obstante, también alberga la posibilidad de que quién confiese haber cometido crímenes graves y colabore en la investigación de los mismos puede optar por cumplir su condena en forma de trabajo comunitario con libertad de movimiento restringida. La pena máxima estipulada para aquellos que se nieguen a colaborar con las autoridades es de apenas cinco años de prisión.

Además, la Ley de Amnistía que entrará en vigencia una vez entre en vigor el Acuerdo de Paz, contempla la eliminación de expedientes y cualquier registro penal que relacione al beneficiado con su pasado guerrillero. Los empleadores no tendrán manera de saber si a quiénes contratan se dedicaban anteriormente a la extorsión y el secuestro. ¿Se imagina tener que trabajar en calidad de iguales con un guerrillero y ni siquiera saberlo?

Olvídese de la DEA y demás organizaciones foráneas que podrían imputar a los guerrilleros, el Acuerdo prohíbe toda extradición de los miembros de las FARC y sus familiares.

Reparaciones y pensiones… ¡Para los guerrilleros!

A pesar de NO estar definidas las reparaciones a las que deberían tener acceso las familias víctimas de la violencia comunista, sí están con lujo de detalles los beneficios pecuniarios a los que podrán acceder los guerrilleros. En las páginas 66 y 67 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se pueden leer las siguientes especificidades:

Cada uno(a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP a partir de la terminación de las ZVTN [Zonas Veredales Transitorias de Normalización] y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV [Salario Mínimo Mensual Legal Vigente], siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos.

Estando el salario mínimo colombiano en 689.454 pesos, recibirán 620.508 pesos mensuales. ¡Al cambio son aproximadamente 212 dólares estadounidenses!

Durante 24 meses, los exguerrilleros recibirán 212 dólares mensuales con el propósito de “ayudarlos a adaptarse” a una vida sin secuestros ni asesinatos políticos. Tan solo para comparar, acotaremos que en Venezuela, país donde se aplica el modelo socialista profesado por las FARC, difícilmente podría percibir 100 dólares mensuales un profesional universitario ejerciendo en el sector privado, cifra que se reduce en el sector público.

Por si fuera poco, adicionalmente “Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP, al momento de la terminación de las ZVTN, recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos”. De modo que luego de deponer sus armas, cada guerrillero recibirá un pago único de aproximadamente 684 dólares.

También según el mismo Acuerdo, “Cada integrante de las FARC-EP en proceso de reincorporación, tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de pesos”. Eso serían unos 2.736 dólares adicionales.

¡En Colombia el crimen sí paga!

En total, cada guerrillero podrá recibir 8508 dólares estadounidenses. USD$212 durante 24 meses (USD$5088), un pago único de USD$684 y un pago adicional de USD$2736. Y todo esto sin contar lo que como agrupación podrán percibir como financiamiento a su futuro partido político.

Timochenko presidente, vota sí

¿Timochenko presidente?

¿Timochenko presidente?

No, no es una exageración. Como parte de la “paz” acordada, las FARC-EP se constituirán legalmente como un partido político con posibilidades electorales a partir del año 2018. Las probabilidades de que las FARC alcancen la primera magistratura de Colombia son en exceso elevadas, teniendo en cuenta el poderoso lobby internacional de izquierdas que les respaldan, empezando por sus socios regionales de Cuba, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Las FARC-EP recibirán según el acuerdo desde el 2018 y hasta el 2026 el 10% del presupuesto anual para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, y un 5% adicional para asegurar la promoción y divulgación de su ideología y planteamientos doctrinales. En tan solo ocho años el futuro partido político en que se transforme las FARC-EP contará con más de dos millones de dólares estadounidenses para su funcionamiento.

El financiamiento tiene como fuente el bolsillo de los ciudadanos. ¿Cómo poder contabilizar la indignación de una víctima de la guerrilla, al saber que con el dinero de sus impuestos se financiará la ideología asesina de sus victimarios? Todo esto sin agregar a la suma los montos multimillonarios destinados al “proceso de pacificación”, prometidos por jefes de Estado y entidades internacionales, un caudal monetario sin precedentes que será administrado por el Estado colombiano en conjunto con las FARC-EP.

A pesar de estar garantizada la posibilidad de que miembros de las FARC-EP participen en elecciones presidenciales, este hecho ha querido excluirse del debate político: en diferentes regiones de Colombia han sido retiradas las vallas que rezan “¿Quieres ver a Timochenko presidente? Vota sí al plebiscito”, por considerar que se trataba de “publicidad engañosa”. No solo podrán las FARC-EP contar con candidatos presidenciales, sus campañas por la primera magistratura serán financiadas por el Estado como estipula la página 63 del Acuerdo.

Las campañas de los candidatos a la Presidencia y al Senado de la República inscritos por el partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC – EP a la actividad política legal para participar en las elecciones de 2018 y 2022, tendrán financiación preponderantemente estatal

En el caso hipotético y poco probable de que la enorme campaña regional e internacional de legitimación de las FARC-Ep no cause efecto, y que posterior a la aprobación del plebiscito la mayoría de los colombianos se rehúse a apoyar al partido político creado por las FARC-EP, estas tendrán de igual forma su presencia asegurada en el Senado y la Cámara Baja con un total de 5 curules en cada órgano legislativo. Es decir, que hasta el año 2026 las FARC-EP contarán con 10 curules en el legislativo colombiano sin importar el número de apoyos que obtengan.

América comunista

Habiendo perdido su influencia en Argentina y Brasil, la tiranía de los hermanos Castro afianza sus tentáculos en Colombia con la legalización de las FARC-EP. La ideología comunista, semillero de las más sangrientas tiranías contemporáneas podrá ser propagada masivamente en Colombia. Por su óptica internacionalista, desconocedora de toda frontera nacional, las fuerzas comunistas de todo el orbe podrán contar con una Colombia presidida por las FARC-EP que fungirá como  bastión de la izquierda radical en el continente, equiparando quizás a Venezuela.

Mientras proscriben al pensamiento comunista en países que sufrieron la severidad de la represión soviética como Ucrania o Polonia, en Colombia éste será respaldado por el Estado. La promoción oficial del marxismo tendrá como consecuencia inmediata, un aumento significativo en el número de movimientos tanto electorales como subversivos de carácter comunista en la región, junto a la radicalización de las fuerzas ya existentes. A esto se le suman las nuevas generaciones ovejunas de “demócratas a carta cabal”, quienes para ejercer una oposición cómoda, léase cobarde,  se conformarán con ondear la bandera también izquierdista del progresismo, el buenismo y demás entelequias próximas a los amigos de la igualdad absoluta.

¿Y qué dirá occidente? Por los momentos numerosos Estados aprueban con sumo beneplácito el proceso de legalización de las FARC-EP, como lo demuestra una de sus más enérgicas defensoras, Federica Mogherini alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quién perteneció a las juventudes comunistas de Italia. Bastaría con ver quiénes están defendiendo el Acuerdo de la Paz para percatarse de sus principales beneficiarios. La “cubanización” de Colombia está en marcha.

En Venezuela hubo un proceso de pacificación bajo la primera presidencia de Rafael Caldera (1969-1974), semejante al caso colombiano hubo guerrillas armadas que luego de años de asesinatos políticos, secuestros, alzamientos militares y robos de bancos obtuvieron el indulto. ¿El resultado? Muchos de los comandantes guerrilleros son hoy los mentores políticos de los gobernantes de turno, y en algunos casos, forman parte de la administración socialista. Moraleja: el guerrillero puede dejar las armas, pero no su codicia.

La Paz de los cementerios, victoria de las FARC

Hasta el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon y el papa Francisco respaldaron el proceso de Paz en Colombia.

Internacionalmente la idea de la reconciliación colombiana ha ganado muchos simpatizantes, por lo deseable que resulta la idea un ínterin de paz entre tantas hostilidades a nivel mundial. Quien desde lejos sigue los Acuerdos de la Paz en Colombia, tiene como punto de comparación la Guerra Civil en Siria, el conflicto ucraniano, el crecimiento del Estado Islámico, el recrudecimiento de los atentados terroristas contra occidente, la interminable violencia en África y demás situaciones tan volátiles como sangrientas.

La ilusión de Paz en Colombia es un respiro entre tantos episodios bélicos en que se encuentra sumergido el mundo, un espejismo que no será duradero debido a la impunidad en que se basa, y al hecho de que las FARC-EP no son la única organización subversiva activa en Colombia.

Quedan todavía a la espera de su desactivación el ELN, las organizaciones guerrilleras menores, los diferentes y poderosos carteles de narcotráfico y las múltiples BACRIM [Bandas Criminales emergentes] que están emergiendo tanto en la selva como en el escenario urbano para ir tomando los espacios abandonados por las FARC-EP. Son numerosos los años por venir de conflicto interno antes de que se pueda hablar de paz en Colombia.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia festejan su victoria, contabilizando los aportes millonarios que recibirán, preparando la campaña presidencial, disfrutando las zonas desmilitarizadas que les otorgó temporalmente el gobierno colombiano, y preparándose para la Reforma Agraria que lograron.

Y si todo sale mal, bastaría con volver a las armas. La cifra de armas de fuego que poseen es totalmente desconocida y no hay garantía más que su palabra de que entreguen todo su poder de fuego.

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